En un giro polémico que ha desatado la controversia en el ámbito educativo, el presidente Javier Milei oficializó este jueves el veto a la Ley 27.757, que había sido sancionada por el Congreso el pasado 12 de septiembre y que prometía un aumento significativo en el financiamiento de las universidades nacionales.
El decreto 879/2024, emitido por el Ejecutivo, argumenta que la decisión se basa en la falta de previsión presupuestaria necesaria para implementar el aumento y el potencial impacto en las cuentas públicas. «No se puede gastar más de lo que ingresa», se sostiene en el documento, en el que Milei también expresó su preocupación por crear un «privilegio» para el personal universitario en comparación con otros sectores de la Administración Pública Nacional.
La ley, respaldada por una amplia mayoría en el Congreso, tenía como objetivo actualizar las partidas destinadas a las universidades, buscando cubrir gastos operativos y salarios del personal, ajustándolos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el INDEC. En particular, la iniciativa vetada proponía un incremento salarial que alcanzaría hasta un 144% para los trabajadores universitarios, frente al 87% registrado en otros sectores entre diciembre de 2023 y agosto de 2024.
La decisión del presidente se produce en un contexto de creciente descontento social, evidenciado por la multitudinaria Marcha Federal que tuvo lugar días antes del veto. Estudiantes, docentes y organizaciones sociales se unieron en un llamado a favor de un mayor financiamiento para la educación pública, en un claro rechazo a las políticas de ajuste que han afectado gravemente a las universidades en todo el país.
Milei, a través de sus redes sociales, criticó fuertemente la movilización, en una serie de publicaciones donde arremetió contra lo que calificó de «golpistas» por intentar utilizar la causa de la educación para beneficio político. «La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten», replicó en Instagram.
Para el mandatario, el financiamiento universitario debe ser evaluado conjuntamente con la discusión del Presupuesto Nacional, insistiendo en la necesidad de «mantener el equilibrio fiscal» como una de las máximas del gobierno.
La controversia del veto genera un ambiente de incertidumbre entre los sectores educativos, que ven en esta decisión una potencial amenaza para la sostenibilidad de la educación pública en Argentina, y abre un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno y la comunidad educativa.
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