Una costumbre: Denuncian millonario fraude en la remodelación de Plaza 9 de Julio

En un escándalo que sacude la administración pública de Salta, se reveló que las facturaciones falsas relacionadas con la remodelación de la histórica Plaza 9 de Julio habrían causado un daño económico cercano a los 120 millones de pesos, monto que podría incrementarse en las próximas semanas a medida que avancen las investigaciones.

El procurador de la Municipalidad, Matías Risso, confirmó que la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Inés Salinas Odorisio, formalizó imputaciones contra exfuncionarios municipales de la gestión de la exintendenta Bettina Romero y socios de la empresa constructora encargada de la obra. Los delitos que se les atribuyen son fraude a la administración pública y falsedad ideológica, relacionados con un presunto sistema de sobrecertificación de obras públicas que tuvo lugar en al menos seis proyectos, pero con especial incidencia en la plaza principal de la ciudad.

Según Risso, el modus operandi consistía en certificar como realizadas obras que, en realidad, se estaban ejecutando en otros barrios, como el barrio 20 de Junio, desviando así fondos públicos destinados a la remodelación de la Plaza 9 de Julio. “La plata no iba a la obra certificada, sino a otras manos,” explicó el funcionario en diálogo con Aries. La trampa habría permitido desviar recursos públicos, lo que representa un grave daño patrimonial para la comunidad.

Dentro de los imputados se encuentran Luis Racioppi, exdirector de Obras Públicas, junto con inspectores responsables de aprobar esas certificaciones, y Daniel Nallar, exfuncionario de Legal y Técnica, quien habría tenido conocimiento de los ilícitos pero omitió denunciar, por lo cual también se le imputó por omisión.

Aunque el monto exacto del perjuicio todavía se está delineando en cuestión de la investigación, Risso sostuvo que la maniobra habría implicado la desviación al menos de 120 millones de pesos, correspondientes a valores de hace tres años. «Creemos que el presupuesto final de la plaza se multiplicó por cuatro o cinco, y estamos en proceso de clarificar el monto real de lo gastado,” afirmó.

El municipio de Salta ha decidido constituirse como querellante en la causa y adelantó que, si la Justicia lo considera necesario, iniciará acciones civiles para reclamar la devolución del dinero malhabido. En ese sentido, Risso señaló que podrían sumarse nuevas imputaciones: “La exsecretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, también está denunciada. Si corresponde, pediremos su imputación. La idea es que todos los funcionarios que hayan participado en el daño patrimonial rindan cuentas ante la Justicia.”