El botín de Báez bajo el martillo

La Justicia remata propiedades y fondos millonarios de Lázaro Báez por la “Ruta del Dinero K”, pero el dinero público sigue lejos de volver a manos de quienes realmente lo pagaron.

La Justicia federal decidió decomisar a Lázaro Báez un patrimonio que parece salido de una ficción de corrupción: 56 propiedades, tres millones de euros en Bahamas y un millón de dólares en Suiza. Todo, parte de la condena por lavado de dinero en la “Ruta del Dinero K”.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó, además, el remate de 10 estancias en distintas provincias y la transferencia a la Argentina de los fondos en el exterior, antes de que expire el plazo legal el próximo miércoles. La maniobra busca cubrir apenas una porción del daño calculado en 55 millones de dólares por la Justicia, aunque el perjuicio total por el caso Vialidad asciende a más de 684.000 millones de pesos.

El gobierno de Santa Cruz ya movió ficha: ofreció dos millones de dólares para quedarse con el obrador central de Austral Construcciones, un predio clave en Río Gallegos, que lleva años parado desde la quiebra de la empresa en 2017. La compra se haría a través de la firma estatal “Santa Cruz Puede SAU”, bajo un proceso de “venta directa” que se maneja con sigilo.

Mientras tanto, la lista de bienes a subastar parece interminable: estancias, quintas, lotes, departamentos y hasta aviones. Sin embargo, las recuperaciones no alcanzan a compensar la magnitud del saqueo. La trama revela una verdad incómoda: los bienes se venden, el dinero ingresa… pero el destino final y la capacidad real de devolverlo al pueblo siguen siendo una incógnita.

El miércoles 13 será clave. Si Báez, Cristina Kirchner y el resto de los condenados no depositan lo exigido, se activará la maquinaria para ejecutar lo embargado. Una maquinaria lenta, compleja y, como la historia reciente enseña, siempre en riesgo de quedar atrapada entre maniobras judiciales, defensas políticas y promesas de transparencia que nunca se concretan.