El juez José Luis Riera ordenó la detención inmediata de dos ex funcionarias de la ADP por administración fraudulenta y estafas reiteradas. Junto a otros coacusados, recibirán penas por su implicación en la malversación de fondos destinados a docentes.
El juez José Luis Riera, de la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, ha dictado sentencia contra dos ex funcionarias de la Asociación de Docentes Provinciales (ADP), Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo, quienes han sido declaradas culpables de administración fraudulenta y 26 casos de estafa reiterada. Ambas han sido condenadas a prisión inmediata y serán trasladadas a la Unidad Carcelaria Nº 4.
El fallo se produce tras las acusaciones de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien en sus alegatos había solicitado una pena de siete años de prisión. Sin embargo, el juez rechazó la inhabilitación especial pedida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.
Además, dos coacusados, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, han sido condenados a tres años de prisión en ejecución condicional por su participación en los delitos mencionados. La fiscalía expuso que los acusados utilizaron mecanismos administrativos fraudulentos que incluían la emisión de facturas y documentos falsificados, lo que les permitió justificar pagos y desviar fondos a fines personales. También se reveló que realizaron estafas a docentes mediante contratos relacionados con el Fideicomiso «Virgen de Urkupiña», prometiendo acceso a viviendas a cambio de desembolsos iniciales y pagos mensuales, que nunca se materializaron.
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