El senador salteño Juan Carlos Romero no logró que la Justicia ordenara a Google eliminar información sobre denuncias de corrupción en Wikipedia. El juez consideró que el contenido era legítimo y de interés público, desestimando su demanda.
En un fallo que ha atraído la atención mediática, el senador salteño Juan Carlos Romero no logró obtener el respaldo de la Justicia en su intento de eliminar información vinculada a denuncias de corrupción que aparece en Google. La Corte consideró que el contenido, proveniente de la enciclopedia en línea Wikipedia, no constituía material “manifiestamente ilícito”.
Romero había presentado una acción de habeas data, argumentando que los resultados de búsqueda eran perjudiciales para su imagen y que incluían acusaciones infundadas relacionadas con delitos graves como el enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y narcotráfico. En su exposición, el político sostuvo que la asociación de su nombre con términos despectivos, tales como «delincuente» o «corrupción», le provocaba un daño personal considerable.
El caso fue atendido por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4, presidido por el juez José Luis Cassinerio. En su resolución, el magistrado subrayó que, a menos que el contenido en cuestión sea claramente ilegal, no es posible proceder a la desindexación de una página web. Cassinerio también señaló que el caso tiene un interés público evidente, dado que Romero es una figura política relevante.
Durante el análisis, se constató que la entrada de Wikipedia sobre Romero incluía un apartado dedicado a “controversias”, donde se detallaban las acusaciones, pero también se mencionaban la nulidad de las causas y de las retractaciones judiciales relacionadas. Por esta razón, el juez concluyó que no existían condiciones legales que justificaran la eliminación de la información de los registros de Google, desestimando así la demanda del exgobernador de Salta, con costas a su cargo.
Este fallo resalta la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información en el entorno digital, particularmente en situaciones que involucran a figuras públicas y cuestiones de interés general. La decisión podría sentar un precedente sobre la relación entre la gestión de información en plataformas digitales y las publicaciones en línea que afectan la reputación de políticos y otros personajes públicos.
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