Del 11 al 15 de agosto, más de 50 universidades detendrán sus clases por salarios en caída y recortes históricos. Reclaman paritarias, más presupuesto y la aprobación de la Ley de Financiamiento.
Entre el 11 y el 15 de agosto, las aulas de más de 50 universidades del país quedarán vacías. No por vacaciones ni feriados, sino por una medida de fuerza que busca visibilizar lo que el gobierno prefiere ignorar: salarios pulverizados y un financiamiento educativo en caída libre.
Docentes y no docentes, nucleados en la CONADU y otros 25 gremios, reclaman un aumento que compense la pérdida de hasta un 30 % del poder adquisitivo, junto con un refuerzo urgente de las partidas para investigación, becas y funcionamiento. El presupuesto universitario apenas llega al 0,7 % del PBI, el nivel más bajo en décadas, un dato que explica por sí solo la precariedad que atraviesa el sistema.
La medida afectará a instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, que suspenderá actividades toda la semana, y a la Universidad de Buenos Aires, donde el lunes comenzará el paro y el martes continuarán con clases públicas y protestas. En Córdoba, San Luis y otras provincias, las federaciones locales sostendrán ceses totales o paros rotativos que podrían prolongarse hasta septiembre.
Mientras el Congreso demora el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario —que ya tiene media sanción— y el Ejecutivo amenaza con vetarla, la comunidad académica elige hacerse escuchar en la calle. El paro no es solo una interrupción de clases: es una respuesta a años de recortes y desinterés, y un llamado a defender la universidad pública antes de que sea demasiado tarde.
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