septiembre 30, 2025

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Escándalo en el deporte salteño: acusan a Chibán por desvío de fondos y crear una Federación exprés

Una denuncia penal apunta a Sergio Chibán por contratos verbales, presunto desvío de fondos y la creación exprés de la Federación Salteña de Vóley. Se lo acusa de usar influencias para manejar más de $90 millones con apoyo de funcionarios y clubes ligados a su órbita.

Una denuncia penal presentada contra Sergio Chibán, presidente de la Agencia Provincial de Deportes, abrió un nuevo frente de polémica en torno al manejo de recursos destinados al voleibol salteño. La presentación, firmada por Débora Sánchez, apunta al dirigente por supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles, cohecho, tráfico de influencias y evasión tributaria.

El caso también involucra a otras figuras vinculadas al organismo, como Marcos Milinkovic, exjugador contratado verbalmente para el proyecto Salta Vóley; Claudia Vásquez, vicepresidenta de la Agencia; y la abogada Carla Nordio, además de señalar vínculos con la ministra Manuela Arancibia.

Contratos verbales y millonarios fondos

Según el escrito, Chibán reconoció en sede judicial que Milinkovic fue contratado “verbalmente” y que en ese marco ya habría percibido 20 millones de pesos del erario público, sin un solo documento administrativo que respalde la operación.

La denunciante sostiene:

“Un funcionario público no puede celebrar un contrato verbal, menos aún cuando de ese acuerdo se desprenden pagos millonarios sin resolución, decreto ni acto administrativo alguno que lo respalde”.

Asimismo, se cuestiona la declaración del propio Chibán, quien habría dicho en una reunión:

“El avión ya despegó y tienen que hacerlo llegar a destino”,
en referencia a la continuidad del contrato con Milinkovic y el manejo de los recursos.

La Federación creada en tiempo récord

Ante la negativa de la Asociación Salteña de Vóleibol a avalar estos manejos, la denuncia revela que Chibán buscó un camino alternativo: la reactivación de la Federación Salteña de Vóley, inactiva desde hace más de 35 años.

La resolución, según el escrito, fue aprobada de manera inmediata en la Dirección de Personas Jurídicas, algo calificado como “un trámite relámpago impropio de la administración pública”.

La Federación fue integrada por clubes de fútbol sobre los cuales Chibán ejerce influencia como presidente de la Liga Salteña.

“Este trámite exprés muestra crudamente la utilización de influencias y presiones de un funcionario público para lograr el propósito de manejar los casi cien millones de pesos”, indica la presentación judicial.

Supuestos fines financieros

Otro de los puntos críticos de la denuncia se relaciona con la intención de destinar parte de los fondos públicos a un “fondo de inversión” privado.
En palabras de la denunciante:

“El único plan era usar a la Asociación como instrumento mecánico para que, una vez obtenidos los recursos, estos pasen directamente a manos de Milinkovic y del propio Chibán”.

Incluso el propio funcionario habría señalado que una parte del dinero se destinaría a un fondo financiero con “disponibilidad líquida inmediata”, lo que refuerza las sospechas sobre un uso discrecional de recursos estatales.

La investigación judicial y los testigos citados

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal y también remitida al Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Salta, donde ya tramitan causas previas contra Chibán y Milinkovic.

Entre las pruebas ofrecidas se encuentran grabaciones de reuniones, copias de resoluciones, testimonios de funcionarios y hasta la solicitud de pericias contables para determinar el destino de los fondos transferidos desde la Provincia.

Además, se solicitó que se cite a declarar como testigo a Nicolás Zenteno Núñez, Subsecretario de Gobierno a cargo del despacho de la Inspección General de Personas Jurídicas, organismo clave en la aprobación inmediata de la Federación Salteña de Vóley.

La justicia ahora deberá esclarecer si existieron irregularidades en las contrataciones, en la creación de la Federación y en el presunto desvío de recursos que, según la acusación, superarían los 90 millones de pesos.