El hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela abrió un debate social y judicial: ¿se trata de un femicidio o de un ajuste narco?
La respuesta no es menor. En la Argentina, la presunción de femicidio es una regla establecida en los protocolos de investigación: toda muerte violenta de mujeres debe indagarse bajo esa hipótesis para no perder pruebas clave y garantizar una perspectiva de género.
En este caso, el contexto de vulnerabilidad social y económica de las víctimas, la situación de prostitución de dos de ellas y la brutalidad de los asesinatos refuerzan esa línea de investigación. Las autopsias confirmaron señales de ensañamiento y crueldad: elementos característicos de los femicidios vinculados a la narcocriminalidad en América Latina.
La ministra Estela Díaz recordó que en estos escenarios las mujeres son tratadas como mercancía o instrumento de venganza entre bandas, y sus cuerpos se convierten en mensajes de poder.
El debate público, sin embargo, expuso la confusión entre dos planos: el femicidio como figura legal (incorporada al Código Penal en 2012 como agravante del homicidio) y el femicidio como fenómeno social, que visibiliza la violencia estructural y la desigualdad de género.
En medio de la discusión, persiste el reclamo de justicia. Las marchas del miércoles pasado se unieron bajo un mismo grito:
“Basta de femicidios, basta de matarnos, todas las vidas importan”.
La investigación judicial recién comienza, pero lo que está claro es que el triple crimen no puede analizarse sin reconocer la violencia de género como factor central, incluso en contextos narco donde las mujeres son las más vulnerables.
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